La población penitenciaria salteña está compuesta principalmente por varones (148 al 30/06/2009, lo que significa el 96,7% de la población total), consumidores de sustancias psicoactivas, cuyos delitos en su mayoría son contra la persona (54,9%), con un incremento en los delitos de índole sexual (7,84%).
La mayoría de los recluidos son reincidentes en la comisión de delitos. Se les suma el alto porcentaje encontrado de solteros, así como muchos que tienen hijos a cargo, propios y no propios, que dependen económicamente de ellos.
Resultados: El tamaño de la muestra fue de 86 internos consultantes, de los cuales el 95,35 % eran hombres y el 4,65 % mujeres; y 155 registros de consultas médicas realizadas en el Hospital Regional Salto, de las que se destacan como motivo de consulta el constatar lesiones en un 16,12% y el 20% que no registran los motivos. El 38,37% de los participantes declaran padecer enfermedades en tratamiento, principalmente las de índole psiquiátricas (18,60%); Gastritis (5,82%) y VIH (4,65%).
La investigación se llevó a cabo durante el año 2009 en la Cárcel Departamental de Salto. La muestra se compone de 86 participantes, lo que conforma un 56,2% de la población penitenciaria de la cárcel en el momento del estudio (153 internos al 30/06/2009). Los participantes fueron en su mayoría hombres (95,35%) con una edad media de 31,52 años.
En la Cárcel Departamental, aún con el déficit de recursos existentes, pero con el apoyo mancomunado, tanto de instituciones y grupos de trabajo de la comunidad, se han logrado trazar líneas de estrategias, con claros planes de acción que apuntan al desarrollo social y personal del recluso, que sean capaces de prepararlo medianamente para su vida post carcelaria.
Si bien la mayoría tiene pareja, lo que supone un gran soporte emocional para el afrontamiento eficaz de la situación, existe un sector de esta población que padece una de las consecuencias del encarcelamiento, que es la pérdida de la pareja luego y durante la estadía en prisión, lo cual favorece la segregación familiar.
Asimismo, esta situación podría acentuarse si se tiene en cuenta que entre quienes tienen hijos a cargo que dependen de ellos económicamente (el 36,04 %), y los que tienen menores a cargo que no son hijos propios, pero mantienen dependencia económica (18,60 %), suman un 54,64 % del total de la población muestra.
El 70,93 % de los internos se encontraban en situación de proceso. Es decir, transcurriendo la instancia procesal penal propiamente dicha, en espera de una condena definitiva al delito cometido.
En cuanto a los datos asociados con la situación de salud, el 77,90% consume dos comidas diarias únicamente, la cual se basa en su mayoría en alimentos o víveres (59,30%) que les proporciona su familia o su pareja (56,97%).
Aquellos que solamente se alimentan de la comida de la cárcel (13,95%), un 34,28% refiere que es “incomible”, contraponiéndose a un 31,42% que alega que es de aceptable sabor; pero la gran mayoría (94,28%) comparte la opinión de que el menú no varía, que es siempre lo mismo.
En tanto que para realizarse la higiene personal, el 59,30% de los reclusos manifestó que poseen todos los productos necesarios, siendo su familia y pareja (67,44%) sus mayores proveedores.
Como antecedentes patológicos familiares, la población muestra, se comporta casi de igual manera que los indicadores nacionales, en donde el porcentaje de adultos con presión arterial elevada o en tratamiento por HTA en nuestro país, es de 58,10%, y en nuestro estudio la mayor parte (23,25%) relata que al menos un familiar directo sufría de Hipertensión Arterial.
El efecto psicológico está presente en todas los recintos de reclusión, que no siempre responde a patologías crónicas ni graves, sino que más bien se trata de conductas conflictivas tanto para consigo mismo, como para con los demás, que necesitan ser controladas de alguna manera. Por lo tanto el apoyo que les significa poder acceder libremente al consumo de psicofármacos parecería ser la mejor y más rápida solución momentánea.
Tal vez una de las primeras demandas de los ingresos, es la solicitud de proporción de estos medicamentos o en su defecto, la consulta con el psiquiatra.
Pudo verse que si bien casi todos (el 82,56%), declaró consumir alcohol o haberlo hecho antes, la mayor parte (71,83%) lo hacía sólo antes de ingresar a la cárcel.
Está claro que la privación de la libertad, afecta el uso y/o abuso de ciertas sustancias en diferentes medidas. El hábito de fumar se exacerba en situación de ansiedad que provoca el encierro; pero el consumo de alcohol, disminuyó luego de la reclusión.
La explicación radica en gran parte a los controles implementados para evitar justamente ese uso y/o abuso de sustancias psicoactivas que puedan generan alteraciones del orden interno de la Cárcel.
Otros datos revelaron que más del tercio de los que se reconocieron consumidores de drogas ilegales, lo hacen desde antes de estar “preso”. Y que además, la cuarta parte de los consumidores confesos (total: 64), lo hace a partir de que ingresaron a la penitenciaría.
La sustancia “preferida” resultó ser la marihuana (7,80%), seguida de “pasta base” (3,12%) y cocaína (1,56%).
Esta realidad se debe al bajo costo de la marihuana, comparada con el resto; y en el pensamiento generalizado de los internos, “es la que menos daño hace”, actuando como un mecanismo de defensa también, ya que les permite “evadir” y “olvidar” su situación actual. No obstante, la pasta base ha ido ganando terreno en el mercado narco, tal vez porque el estado que produce es más contundente, haciendo que el recluso la prefiera aún a sabiendas de que la duración es menor y que los efectos en la salud son más nocivos, quizás porque como suelen decir, “pega más”, reproduciendo así el círculo vicioso de mayor adicción.Si bien, muchos no quisieron contestar respecto a cómo accede a las drogas ilegales y al alcohol, al agrupar a los que consumen drogas y alcohol desde antes de la reclusión, se encontró que un gran porcentaje (34,48%) refirió que la obtenía del exterior de la cárcel, no pudiéndose discriminar si se trataba de allegados que ingresaban estas sustancias al recinto carcelario, o si se la proporcionaban en alguna salida que tuviera el interno.
En cuanto al Relacionamiento dentro del Medio Penitenciario, entre pares es de Muy Bueno a Bueno en su mayoría (75,57%), al igual que con la Guardia Policial (77,90%). Esto denota, que los conflictos se suscitan sobre hechos puntuales, y que muy poco tiene que ver directamente con la propia convivencia penitenciaria. Pero cuando han surgido hechos violentos dentro del establecimiento, la mayoría ha participado en más de una oportunidad, casi siempre como espectador. De estos, gran parte desconoce si los implicados se encontraban bajo los efectos de alcohol o drogas ilegales, pero en más de una ocasión hubo algún herido. Esto demuestra la importancia que tiene mantener el control sobre todos aquellos factores que puedan ser disparadores de conductas agresivas dentro del establecimiento.
Así también, el gran valor que se le debe dar a lo que se conoce como mediación penitenciaría, es decir, a todo lo que apunta a la pacificación dentro de un medio que tiene características muy diferentes a lo tradicional, incluyendo las capacidades personales.
Para los datos que comprenden a la atención sanitaria intracarcelaria, se destaca en primera instancia, que la misma está a cargo exclusivamente del Departamento de Enfermería, debido a que la Cárcel Departamental no cuenta con personal médico.
Esta atención, aparentemente, no generaría mayor disconformidad en los reclusos, ya que en su mayoría (el 38,37%), adujeron que ante la demanda, enfermería acudió casi en forma inmediata, considerando además que la calidad de prestación es de Muy Buena a Buena, en el 70,93% de los casos.
Esto puede interpretarse de dos maneras: en primer lugar los enfermeros constituyen el primer contacto con un servicio de salud, que aunque pueda presentar carencias en algunos aspectos, es el elemento más apropiado para brindarles la solución a cualquier necesidad física, psíquica o emocional que puedan tener los reclusos. En segundo lugar, porque enfermería es casi la única parte del personal que puede ofrecerles el espacio de contención que buscan; es decir, en el mero hecho de la valoración el interno puede sentir que alguien lo escucha y lo trata como una “persona” en su más amplia concepción, y no como un objeto de exclusión social.
En cambio, a la hora de catalogar la calidad de atención médica que han recibido los internos de la Cárcel Departamental, su propia percepción es de que esta ha sido Buena y Correcta en la mayoría de los casos.
Pero, otros, han expresado que sufrieron maltrato, en el sentido de suponerse discriminados por el hecho de ser “presos”, y en lo concerniente al desinterés demostrado al momento de la consulta.
El hecho de no contar con un médico que preste asistencia en la propia Cárcel, obliga al traslado al Centro de Salud de referencia, en este caso el servicio de emergencia del Hospital Regional Salto, casi siempre fuera del horario de funcionamiento de las policlínicas. Esto implica, el malestar que le puede generar a los profesionales, al sobrecongestionar dicho servicio “llevándoles casos que no ameritan una atención inmediata”, desde el punto de vista médico. Tampoco hay que desconocer que este tipo de usuario usualmente genera rechazo, no sólo porque siempre está asociado a “algo malo que hizo”, sino por todo lo que lo rodea, curiosidad, intriga por los medios de seguridad que se emplean con él (custodia policial, esposas, grilletes), tatuajes visibles, cicatrices de “cortes”, etc; o sea, todo lo que constituye la figura del “preso”, que hace aflorar las emociones y temores individuales. Esta sumatoria de características y percepciones, bien puede influir sobre la forma en que se lo atiende.
