El Poder Ejecutivo definió que la primera cárcel financiada bajo este sistema de PPP estará instalada en la zona de Punta de Rieles. La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) tiene terminado el borrador del pliego de licitación y pretende ponerlo a disposición de los interesados en mayo.
El Poder Ejecutivo se compromete en el llamado a oferentes a hacer un “pago adicional” por cada recluso que sobrepase la cantidad de presos permitidos, dijo ayer el gerente de Evaluación de Proyectos de la CND, Marcelo Pérez. El jerarca presentó el proyecto a empresarios locales e internacionales, en particular canadienses, durante un seminario sobre el régimen PPP que organizó la Embajada de Canadá en Uruguay.
Las plazas disponibles en la cárcel serán 1.960. Pérez explicó que entre el 100% y el 120% de la capacidad (hasta 2.352 presos) “se paga el costo promedio” por cada presidiario. Si las personas encarceladas alcanzan el 120% de los lugares disponibles, el gobierno pagará a la empresa inversora “una multa excesiva”.
El costo promedio de un recluso era de US$ 640 por mes en el año 2010. La cárcel más poblada de Uruguay es el Comcar. Ese centro tiene lugar para 1.600 personas pero son alrededor de 3.200 los presos que viven allí al día de hoy.
El proyecto carcelario ya tiene sus estudios de factibilidad terminados y en las próximas semanas será estudiado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El llamado a licitación será a fines de abril o principios de mayo. Las propuestas serán evaluadas durante cuatro y seis meses para luego realizar la adjudicación.
El gobierno ya fue sondeado por al menos siete empresas de distintos países, dijeron fuentes de la CND. Además de inversores locales, capitales chilenos, españoles, brasileños, franceses y estadounidenses, ya manifestaron interés en construir la primer cárcel uruguaya bajo el régimen de PPP.
En esos países ya hay centros penitenciarios que funcionan bajo asociación del Estado y privados. Tanto el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, como el director general de Secretaría de la cartera, Charles Carrera, visitaron cárceles de distintas ciudades del continente que siguen el modelo a aplicarse en Uruguay.
La licitación prevé que la construcción del centro lleve dos años. El ministro del Interior dijo que la cárcel estará en funcionamiento en el año 2014.
Hacinamiento
El gerente de la CND explicó a unos 70 empresarios que “el pago por superpoblación” tiene el objetivo de evitar el hacinamiento carcelario. Pérez reconoció a los inversores que el exceso de presos en cárceles es frecuente en Uruguay.
“Buscamos fortalecer el sistema de rehabilitación que hoy está fuertemente deteriorado. Entendemos que se necesita un cambio en el modelo de gestión”, sostuvo el jerarca.
El nuevo modelo penitenciario implicará la división de la gestión penitenciaria. El Estado será responsable de la seguridad, la salud y la rehabilitación de los presos. El privado será responsable de la alimentación, la jardinería del lugar y los servicios de hotelería, que en la práctica son el acondicionamiento de celdas y lavado de ropa. La delegación de funciones es otro de los caminos elegidos por el gobierno para buscar mejorar la atención de los reclusos.
La asociación público privada tendrá validez durante 20 años.
Del encuentro con empresarios también participaron el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa; el ministro de Transporte, Enrique Pintado; el vicepresidente de la CND, Pablo Gutiérrez; representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial.
Tanto Cánepa como Pintado defendieron las reglas de juego “claras” que presenta Uruguay como plaza financiera ante inversores que, potencialmente, pueden ser la vía de financiación para construir esta cárcel que funcionará bajo nuevo régimen.
(Extraído de "El Observador")
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